En las últimas semanas, el uso de grupos de WhatsApp y Facebook para avisar sobre la ubicación de los operativos de alcoholímetro ha crecido de manera alarmante. Lo que muchos conductores consideran un gesto de “solidaridad” para evitar multas, es en realidad una práctica que no solo facilita accidentes, sino que también tiene repercusiones legales serias para quienes difunden esta información.
Un escudo para la seguridad, no una trampa
Es fundamental entender que estos puntos de revisión no se instalan para molestar a los ciudadanos o con fines meramente recaudatorios. El objetivo central de la Policía Vial es salvar vidas. Al retirar de circulación a personas que han consumido alcohol, se previene que ocurran tragedias donde, la mayoría de las veces, las víctimas son personas inocentes que circulaban de manera responsable.
Cuando alguien comparte una ubicación en redes sociales, está ayudando directamente a que un conductor en estado de ebriedad evite el control y siga circulando por las calles. Esto rompe el ciclo de prevención y convierte a quien da el aviso en un cómplice indirecto de los posibles percances que ocurran después de ese punto.
De la falta administrativa al delito penal
Más allá de la ética, las autoridades han comenzado a poner la lupa sobre estas redes de alerta. Participar en ellas puede traer consecuencias que van mucho más allá de una simple llamada de atención. Dependiendo del reglamento local, esta conducta puede ser sancionada como una falta administrativa por entorpecer las labores de seguridad pública.
En casos más graves, si se demuestra una organización sistemática para evadir la ley, los involucrados podrían enfrentar cargos por obstrucción a la justicia o resistencia de particulares. La cultura vial no se trata de aprender a “esconderse”, sino de asumir la responsabilidad individual: si vas a beber, la única solución segura y legal es entregar las llaves, usar transporte público o pedir un taxi. Evadir el retén no te hace más listo, te pone en riesgo a ti y a toda tu comunidad.