Una de las prácticas delictivas que más terror y afectaciones económicas ha causado en los barrios y comunidades del Estado de México (Edomex) es la modalidad de préstamos conocida como “gota a gota”. Ante la ola de amenazas, cobros violentos y extorsión que acompañan a estos créditos informales, el Congreso del Estado de México ha dado un paso decisivo al criminalizar la usura y los préstamos abusivos, enviando un mensaje claro a los grupos delictivos: el dinero sucio y la violencia no tienen cabida. Esta histórica reforma, aprobada recientemente e integrada al Código Penal del Estado, clasifica ahora estas prácticas como un delito penal, con sanciones que prometen poner fin a la impunidad.
El meollo de la reforma es claro: aquellos que presten dinero con intereses usureros y, sobre todo, que recurran a la violencia, intimidación o amenazas para el cobro, serán procesados bajo figuras penales severas. Las penas establecidas para quienes incurran en esta práctica van de uno hasta quince años de prisión, un rango que se aplica dependiendo de la gravedad de los actos de coacción cometidos. Además de la pena privativa de libertad, los responsables deberán afrontar multas económicas que pueden ascender hasta los cuatrocientos mil pesos mexicanos. Esta legislación busca desmantelar la red de prestamistas que, tras prometer una ayuda fácil a pequeños comerciantes o familias en apuros, terminaban sometiéndolos a un ciclo de miedo y deudas impagables.
La Base Legal Contra el Abuso Financiero
Específicamente, la nueva figura delictiva de “Usura” fue adicionada al Capítulo IV Ter del Título Cuarto del Libro Segundo del Código Penal del Estado de México, bajo el Artículo 307 Ter. Esta adición deroga la fracción IX del Artículo 306 anterior, y ahora tipifica el delito con un enfoque integral. Esto significa que el delito se configura no solo por el cobro de intereses desproporcionados, sino por el aprovechamiento de la necesidad, ignorancia o inexperiencia de una persona para obtener un lucro excesivo. La inclusión de esta figura en el Código Penal le da a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) la herramienta legal necesaria para investigar y sancionar de oficio a estos grupos, sin depender únicamente de la querella de las víctimas.
Además, el impacto de esta ley va más allá de los prestamistas informales. Las autoridades han identificado que el fenómeno del “gota a gota” a menudo es operado por células delictivas transnacionales que utilizan estos cobros violentos como una forma de extorsión y una fuente constante de financiamiento para otras actividades ilícitas. Al aumentar las penas de forma tan drástica, la intención del Estado es desincentivar a estos grupos de operar en territorio mexiquense, protegiendo a la población no solo del abuso financiero, sino de la violencia organizada asociada. La ciudadanía ahora tiene una vía robusta para la denuncia, y se les recomienda acudir a la FGJEM o utilizar las plataformas de denuncia en línea ante cualquier intento de cobro bajo intimidación o con tasas de interés desproporcionadas.