En el Estado de México, lo que muchas familias consideran un “acto de amor” o una medida desesperada para ayudar a un ser querido con adicciones, podría estarlas involucrando en un delito grave: el secuestro. Las autoridades y organismos de derechos humanos han lanzado una alerta sobre los levantamientos forzosos de personas para ser ingresadas en centros de rehabilitación sin su consentimiento.
El engaño de los “Tazos Dorados” y la ayuda forzada
Bajo el lema de brindar “ayuda”, han surgido grupos que cobran cuotas a las familias para privar de la libertad a personas con problemas de drogadicción o alcoholismo. Estos operativos, realizados muchas veces con violencia y sin protocolos médicos, son completamente ilegales en la entidad mexiquense.
La mayoría de estos establecimientos, conocidos coloquialmente como “anexos”, operan en la clandestinidad:
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Falta de permisos: Muchos no cuentan con las certificaciones de la Secretaría de Salud o de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEM).
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Tratos inhumanos: Se han documentado casos de hacinamiento, falta de alimentación adecuada y castigos físicos que atentan contra la integridad de los internos.
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Privación ilegal de la libertad: Al no existir una voluntad del paciente, el acto se tipifica jurídicamente como secuestro.
¿Cuál es la forma legal de internamiento?
De acuerdo con la Ley General de Salud y los protocolos vigentes en el Estado de México, existen únicamente dos vías legales para el internamiento en centros de rehabilitación:
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Voluntad del paciente: El individuo acepta por escrito someterse al tratamiento.
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Orden judicial o médica certificada: En casos donde la persona represente un peligro inminente para sí misma o para terceros, se requiere una orden emitida por un juez o una certificación médica profesional que avale la necesidad del internamiento.
Las autoridades exhortan a la población a no contratar estos servicios de “levantamiento”. La desesperación no justifica la comisión de un delito que puede derivar en penas de prisión tanto para quienes ejecutan el acto como para quienes lo solicitan.